Ayotzinapa: A un año sin los 43
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, una célula del cártel de los Beltrán Leyva.
Por Sebastián Huerta Viurcos
*Reportaje publicado el 26 de septiembre de 2015.
Sin embargo, ya en Iguala, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía municipal detenerlos, y para ello pidió apoyo a la policía de Cocula, al suponer que se dirigían a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, María de los Ángeles Pineda, entonces presidenta del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la demarcación. En el hecho murieron seis personas, entre ellas tres normalistas, 25 resultaron heridos y 43 más desaparecieron.
El 30 de septiembre, 22 policías son detenidos por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, donde enfrentan un proceso jurídico por el delito de homicidio.
Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso excesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policíacos. Mientras que José Luis Abarca, pidió licencia a su cargo por 30 días para ‘facilitar las investigaciones’ que involucraban a la Policía Municipal, solicitud que fue aprobada por unanimidad en sesión de cabildo.
En medio de la búsqueda de los estudiantes, la procuraduría de Guerrero confirmó el 4 de octubre el hallazgo de seis fosas clandestinas en las zonas de Pueblo Viejo y Loma de Coyote, en Iguala (a unos 30 minutos de donde ocurrió el ataque a los normalistas); posteriormente se dio a conocer que había 28 cuerpos en ellas.
La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso de los normalistas, a 10 días de su desaparición. A partir de ese momento, la Procuraduría de Guerrero sólo apoyó en las investigaciones.
”Profundamente indignado y consternado”: EPN
Once días después de la desaparición de los jóvenes, (6 de octubre) el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso. “Al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana”, expresó el primer mandatario.
El mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgara medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De igual forma, elementos de la Gendarmería tomaron el control de la seguridad en el municipio de Iguala, según información del comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Y el entonces procurador general de la República, Murillo Karam anuncia que encabezará la investigación por los normalistas de Ayotzinapa.
El 8 de octubre se llevó a cabo la primera Jornada de Acción Nacional e Internacional por Ayotzinapa. “¡Ya no podemos permitir ni un muerto más!”, miles de personas marcharon en México y el mundo por los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con la PGR, Fuerzas federales detuvieron el 16 de octubre a Sidronio Casarrubias Salgado, el hombre considerado como el máximo líder del grupo del narcotráfico ligado a la desaparición de 43 estudiantes, la organización Guerreros Unidos.
”Fueron quemados vivos”
El 17 de octubre, el sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde, declaró que los estudiantes estaban muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos, de acuerdo con el testimonio que recibió por parte de dos personas durante su visita a Guerrero.
“Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber. Dicen que hasta les pusieron madera, algunos de ellos estaban vivos, otros muertos”, aseguró el sacerdote de 69 años en una entrevista televisiva.
Para el 22 de octubre la PGR estableció una nueva línea de investigación: Reconoció que José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda estaban coludidos con el grupo delincuencial Guerreros Unidos; incluso admitió que ésta última era la principal operadora.
Asimismo, Murillo Karam confirmó que Abarca fue quien ordenó el ataque contra los estudiantes. Mientras que ciudadanos de México y el mundo se unieron al Día de Acción Global por Ayotzinapa. Al final de una multitudinaria manifestación en la capital del país, los padres de los estudiantes desaparecidos dieron a las autoridades dos días para encontrar a los normalistas.
26 de octubre
A un mes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Salvador Rogelio Ortega Martínez rindió protesta como gobernador sustituto de Ángel Aguirre Rivero para concluir el periodo 2014-2015. En su primer mensaje aseguró que la prioridad de su gestión será intensificar la búsqueda de los 43 normalistas.
El 29 de octubre, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos llegaron a la Residencia Oficial de Los Pinos para reunirse en privado con el presidente Enrique Peña Nieto, tras las cinco horas que duró el encuentro, los padres expresaron que no confiaban en las investigaciones del gobierno federal sobre el paradero de sus hijos.
Captura Abarca-Pineda
Durante la madrugada del 4 de noviembre, poco antes de las 4 horas, autoridades confirmaron la detención de Abarca y su esposa en una casa de Iztapalapa, en el Distrito Federal. La operación se llevó a cabo sin realizar un solo disparo, y en ella participaron 20 elementos de élite.
Tres días después de la captura, el procurador Jesús Murillo Karam informó que “las investigaciones apuntan al homicidio de un amplio número de personas”, al tiempo que explicó que esta información fue recabada por la detención de tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, quienes dieron detalles sobre el asesinato de estas personas, quienes fueron incineradas y los restos almacenados en bolsas.
Fue hasta el 15 de noviembre que dieron formal prisión a José Luis Abarca por delincuencia organizada y homicidio. Mientras que para María de los Ángeles Pineda Villa, esta figura jurídica se aplicó por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita hasta abril de 2015.
“Ya me cansé”
Luego de más una hora de la conferencia en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y ante una ronda de preguntas que duró alrededor de 15 minutos que se llevó a cabo el 7 de noviembre, Jesús Murillo Karam finalizó su presentación con un: “No más preguntas, Ya me cansé”.
En cuestión de horas el hashtag #YaMeCansé se convirtió en tendencia mundial en Twitter con mensajes de reclamo a las autoridades por lo sucedido en Iguala.
El 11 de noviembre el Congreso de Guerrero designó como alcalde de Iguala a Silvano Mendiola Pérez, en sustitución de Luis Mazón, quien duró alrededor de cinco horas en el cargo, puesto que fue nombrado el 29 de octubre y ese mismo día solicitó licencia.
Por otro lado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabajó en la identificaron de los cuerpos encontrados en Guerrero, informó que no había relación genética entre los restos recuperados en Cocula, Iguala y La Parota con los 43 normalistas desaparecidos.
El 18 de noviembre se formaliza el acuerdo por el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio asistencia técnica a las autoridades mexicanas en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
También en ese entonces, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que, tras los hechos de violencia ocurridos después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayozinapa, pareciera que existía un “afán orquestado por desestabilizar al país” y atentar contra el proyecto que impulsa su gobierno.
20 de noviembre
En el marco del 104 aniversario de la Revolución Mexicana, más de 114 escuelas participaron en el paro por Ayotzinapa y se realizaron protestas en varios estados de la República y en distintas partes del mundo.
En la Ciudad de México las manifestaciones comenzaron alrededor de las 11 de la mañana, las cuales tenían como objetivo tomar el aeropuerto de la ciudad; sin embargo, fuerzas policiacas contuvieron las protestas en las inmediaciones de la terminal aérea.
A partir de las cinco de la tarde, iniciaron las manifestaciones de los padres de los normalistas desaparecidos, que partieron desde tres puntos diferentes. La primera avanzó del Angel de la Independencia, mientras que los otros dos contingentes partieron del Monumento a la Redacción y de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
Aunque las movilizaciones de llevaron a cabo de manera pacífica, la finalizar el mitin en la plancha del Zócalo capitalino, grupos de infiltrados lanzaron bombas molotov contra el Palacio Nacional.
Cinco días después, la PGR presentó como prueba en contra de los 11 detenidos del Zócalo el testimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa.
Alexander Mora Venancio, el primer normalista identificado
El 7 de diciembre integrantes del comité estudiantil de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa confirmaron que entre los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula, se encontró a Alexander Mora Venancio, uno de sus 43 compañeros desaparecidos.
Alexander Mora, de 19 años, era estudiante de primer año y originario de la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa en la región de Costa Chica.
La noticia se dio a conocer durante una reunión privada en la Normal de Ayotzinapa, entre el grupo de peritos argentinos que trabajó en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR) y padres de los normalistas.
Al respecto, el papá de Alexander Mora informó que el cuerpo de su hijo fue quemado y que los peritos argentinos lo identificaron por un fragmento de hueso y una muela que localizaron en el basurero de Cocula donde la PGR determinó que en este sitio fueron asesinados, quemados y triturados los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
”Ya supérenlo”
En su primera visita a Guerrero desde la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 4 de diciembre Enrique Peña Nieto llamó al país a “superar” el dolor que ha generado el caso.
“Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor”, dijo el mandatario al inaugurar un puente en el municipio de Coyuca de Benítez.
La “verdad histórica” de la PGR
Jesús Murillo estableció el 27 de enero la “verdad histórica” basada en pruebas científicas y periciales, según la cual los 43 fueron quemados en el basurero.
El titular de la PGR afirmó que ya se conocía la ‘verdad histórica’ de lo que ocurrió en el llamado caso Iguala, dijo que éste debía cerrarse y ratificó que, de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Para el 2 de febrero, los padres de dos estudiantes asistieron en Ginebra al examen de México en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y aseguraron que sus hijos seguían vivos hasta que no se demostrara científicamente lo contrario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el 19 de marzo al Gobierno mexicano a continuar con la búsqueda de los 43 estudiantes y a que el caso fuera tratado como una “desaparición forzada”.
Continúan las detenciones; de los normalistas nada
11 de abril, detienen a Miguel Ángel Bahena, identificado como uno de los involucrados en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.
7 de mayo, capturan a Francisco Salgado Valladares, quien se desempeñó como subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, durante la desaparición de los estudiantes.
11 de mayo, Francisco Salgado Valladares, exsubdirector Operativo de la Policía Municipal de Iguala, fue consignado al penal de Nayarit.
El 7 de junio se dio la anulación de las elecciones en Tixtla, sede de la Normal de Ayotzinapa, tras el boicot impulsado por familiares y compañeros de los 43; dos meses más tardes, el 8 de agosto, Miguel Ángel Jiménez, líder comunitario encargado de la búsqueda paralela a la de las autoridades de los 43 estudiantes, fue ejecutado en un taxi de su propiedad, a 50 kilómetros de Acapulco.
La “verdad histórica” del gobierno se derrumba
Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dieron a conocer su informe el 6 de septiembre donde se cae la versión oficial dada por la PGR sobre estos sucesos.
El GIEI denuncia graves irregularidades en la investigación y señala el traslado de drogas oculta en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen.
Informe completo del GIEI
Jhosivani Guerrero, el segundo normalista identificado
El 16 de septiembre el laboratorio de Innsbruck encuentra indicios de que restos procedentes del río San Juan son del estudiante Jhosivani Guerrero, quien tenía 20 años cuando desapareció el 26 de septiembre del año pasado junto con 42 compañeros.
Apodado por sus compañeros como ‘Coreano’ por sus ojos rasgados, Jhosivani era originario de Omeapa, una comunidad ubicada a 15 minutos de la cabecera municipal Tixtla, donde su familia se dedica al campo.
“Él buscaba una oportunidad de sobresalir, aspiraba a tener una profesión y ayudar a la comunidad, porque en Omeapa mandan maestros que no son de aquí, son de lejos, y son profesores que no le ponen suficiente interés a la niñez”, contaron familiares de Jhosivani al personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
De igual forma, el 16 de septiembre capturan a Gildardo López Astudillo, “El Gil”, acusado de participar en el asesinato de los estudiantes. De acuerdo con las autoridades, él contactó al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, para pedir instrucciones sobre el destino de quienes identificaba como integrantes de Los Rojos, el cártel rival.
El 23 de septiembre, padres de los normalistas desaparecidos iniciaron un ayuno de 43 horas para exigir la presentación con vida de sus hijos, para un día después reunirse por segunda ocasión con Enrique Peña Nieto en presencia también de miembros del GIEI.
En dicha reunión, los padres de normalistas desaparecidos plantearon ocho peticiones:
Cortesía: Once Noticias
Este 26 de septiembre, familiares encabezan marcha en el Distrito Federal para conmemorar el primer aniversario de la desaparición.
A un año de lo ocurrido en Igual, Guerrero, se han detenido 111 personas involucradas y sólo se ha identificado a dos estudiantes sin que sepa qué ocurrió con el resto de los normalistas de Ayotzinapa.
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